Pedro Jisdonian: “Tapar una matrícula tiene que tener consecuencias penales”.

El Legislador Dr. Pedro Jisdonian aseguró que existe consenso político para avanzar con una iniciativa legislativa que apunta a penalizar a conductores que circulen con matrículas adulteradas, tapadas o ilegibles, una práctica que —según afirmó— se incrementó junto con la instalación de radares y sistemas de fiscalización en distintos puntos del país.

Entrevistado en La Mañana en Cadena, el Legislador sostuvo que “cada vez más personas buscan mecanismos para evitar ser identificadas”, utilizando desde trapos y cuerdas hasta el borrado parcial de números y letras en las chapas.

“Hay gente que cumple con todo y otros que creen que pueden circular sin consecuencias. Eso genera una enorme injusticia”, expresó.

Jisdonian remarcó que el fenómeno involucra tanto motocicletas como vehículos de alta gama y señaló que, en muchos casos, esas maniobras también aparecen vinculadas a delitos cometidos en la vía pública.

“Gran parte de las rapiñas y arrebatos se producen en motos sin matrícula o con chapas adulteradas”, afirmó. “Perseguir estas conductas también ayuda a combatir el delito”.

El Diputado explicó que el proyecto fue presentado hace más de un año y que durante ese período mantuvo reuniones con autoridades de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), integrantes del Parlamento y el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro.

“La expectativa es que pueda votarse en comisión en los primeros días de junio y luego avanzar hacia el Senado”, indicó.

La propuesta incorpora estas situaciones dentro de la Ley de Faltas y prevé sanciones de trabajo comunitario y antecedentes penales para quienes oculten o adulteren matrículas.

“El que decide borrar o tapar una chapa tiene que saber que eso trae consecuencias”, señaló.

“No puede haber algunos privilegiados que eludan controles mientras el resto de los uruguayos cumple las normas”.

Consultado sobre eventuales modificaciones al proyecto original, Jisdonian explicó que inicialmente se manejó la posibilidad de aplicar un apercibimiento previo, aunque finalmente se resolvió eliminar esa instancia.

“Primero se pensó en una especie de advertencia, pero el acuerdo político terminó siendo avanzar directamente con la sanción cuando se constate la irregularidad”, explicó.

Durante la entrevista, el Legislador también se refirió a la situación del sistema de protección de menores y cuestionó el funcionamiento del INAU.

“El Uruguay es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de menores institucionalizados”, sostuvo. “Hay niños que pasan un promedio de siete años dentro del sistema y eso demuestra que algo no está funcionando”.

Jisdonian afirmó que el país necesita fortalecer las políticas de prevención y acelerar mecanismos de integración familiar y adopción.

“No podemos resignarnos a que los menores crezcan institucionalizados durante años. El objetivo tiene que ser darles rápidamente un entorno familiar y oportunidades reales de desarrollo”, manifestó.

El Diputado fue especialmente crítico respecto a las explicaciones brindadas por autoridades nacionales sobre distintos episodios registrados este año en centros vinculados al sistema de protección infantil.

“Estamos sobrepasados de diagnósticos”, dijo.

“Siempre se habla de problemas estructurales, pero mientras tanto hay menores vulnerados en situaciones gravísimas”.

Además, señaló que continuará impulsando pedidos de informes relacionados con dispositivos que sustituyeron al centro Tribal, clausurado tras cuestionamientos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En materia política y económica, Jisdonian también cuestionó al Gobierno encabezado por el Presidente Prof. Yamandú Orsi y aseguró que existe “un creciente malestar” por la falta de respuestas concretas.

“La gente esperaba cambios importantes y eso no está ocurriendo”, afirmó.

“Hay preocupación por el empleo, la seguridad, la situación de calle y distintas problemáticas que siguen sin resolverse”.

El Legislador criticó además algunas iniciativas vinculadas al mercado laboral y consideró insuficientes las propuestas impulsadas hasta el momento.

“Los uruguayos no quieren que les avisen que los van a despedir; quieren estabilidad laboral y oportunidades reales de trabajo”, expresó.