Maldonado: Junta Departamental analizará proyecto que redefine las declaratorias de interés.

En Maldonado, el sistema de declaratorias de interés departamental podría experimentar una transformación de fondo a partir de un proyecto de decreto elevado a la Junta Departamental por el Edil Adolfo Varela, del Partido Nacional, que plantea la creación de un régimen integral para regular este instrumento institucional de uso frecuente pero hasta ahora carente de una normativa unificada.

La propuesta parte de un diagnóstico claro: en la actualidad, las declaratorias se tramitan caso a caso sin criterios homogéneos, lo que ha derivado en un uso mayormente simbólico del reconocimiento, sin herramientas que permitan medir su impacto real ni mecanismos de control o seguimiento.

En ese sentido, el proyecto busca dotar al sistema de reglas claras, previsibilidad y transparencia, incorporando criterios técnicos de evaluación, categorías diferenciadas según el tipo de iniciativa, plazos de tramitación obligatorios y exigencias de rendición de cuentas para los beneficiarios.

Según fuentes consultadas por Cadena del Mar, la iniciativa surge también como respuesta a dificultades operativas que la propia Junta Departamental ha enfrentado en los últimos años, especialmente durante el período estival, cuando el receso legislativo coincide con la mayor actividad turística, cultural y deportiva del departamento, generando situaciones de urgencia en la aprobación de solicitudes.

Uno de los ejes centrales es la creación de un sistema de siete categorías que clasifica las declaratorias en función de su impacto, abarcando desde proyectos de interés general con incidencia estructural en el desarrollo del departamento hasta iniciativas de carácter productivo, social, cultural, ambiental, turístico o deportivo.

Esta categorización permitirá jerarquizar las solicitudes y diferenciar entre emprendimientos de alcance sostenido y actividades puntuales, algo que actualmente no está contemplado en la práctica administrativa vigente.

De acuerdo a la información obtenida por nuestro compañero Rodrigo Silva, el proyecto también introduce plazos mínimos obligatorios para la presentación de solicitudes, estableciendo un margen de 60 días previo a la realización de las actividades y de 90 días en caso de eventos previstos para enero o febrero, con el objetivo de evitar resoluciones apresuradas durante el período de mayor actividad del departamento.

En materia de evaluación, el texto establece que las iniciativas deberán acreditar beneficios concretos en áreas como generación de empleo, impacto económico, relevancia cultural, proyección turística, aporte ambiental o alcance social, incorporando además el análisis de antecedentes del solicitante.

Este enfoque técnico busca fortalecer el valor institucional de la declaratoria, alineándola con objetivos de desarrollo departamental y evitando su banalización.

Otro aspecto relevante es la introducción de obligaciones de rendición de cuentas, que variarán según la categoría asignada.

Mientras que los proyectos de mayor impacto deberán presentar informes anuales con detalles de ejecución y resultados, las actividades puntuales estarán obligadas a entregar reportes de cierre, bajo apercibimiento de pérdida automática del reconocimiento en caso de incumplimiento.

Indicó a Cadena del Mar una fuente vinculada al ámbito legislativo departamental que el objetivo es “jerarquizar el instrumento y evitar que se convierta en un trámite meramente formal”, subrayando además la importancia de incorporar mecanismos de control y seguimiento efectivos.

El proyecto también contempla la creación de un Registro Público de Declaratorias de Interés Departamental, accesible en línea, donde se podrá consultar en forma abierta la información sobre cada reconocimiento otorgado, incluyendo su categoría, vigencia, fundamentos y estado, lo que constituye un avance significativo en términos de transparencia y acceso ciudadano a la información pública.

Desde el punto de vista institucional, la iniciativa refuerza el rol de la Junta Departamental en la evaluación y otorgamiento de las declaratorias, al tiempo que establece mecanismos de coordinación con la Intendencia y otros organismos, promoviendo una gestión más ordenada y profesional del instrumento.

Además, se prevé que la declaratoria pueda servir como respaldo para la obtención de beneficios a nivel nacional, lo que amplía su alcance y potencial impacto.

En su conjunto, el proyecto apunta a transformar una herramienta tradicionalmente honorífica en un instrumento con incidencia real en el desarrollo económico, social y cultural de Maldonado, incorporando estándares de control, transparencia y planificación que podrían redefinir su utilización en el ámbito departamental.