Leonardo “Gino” Pereira (FA): “Reclaman seguridad, pero anuncian que votarán contra los recursos para fortalecerla”.

El Edil Leonardo “Gino” Pereira, del Partido Socialista (Frente Amplio), utilizó la media hora previa de la Junta Departamental de Maldonado para cuestionar el anuncio de la Coalición Republicana de votar negativamente, en términos generales, el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Gobierno Nacional.

En diálogo con Cadena del Mar, el representante departamental puso el foco en la conferencia realizada por dirigentes opositores pocas horas después de conocerse el articulado.

A su entender, la definición política fue comunicada antes de que existiera un análisis profundo de las disposiciones y de sus eventuales efectos sobre la población.

Pereira dirigió sus críticas especialmente hacia los Legisladores Nacionales del Partido Nacional y el Partido Colorado por Maldonado que participaron de la instancia.

Consideró que el rechazo anunciado alcanza partidas destinadas a áreas sobre las cuales esos mismos dirigentes han formulado reclamos públicos.

“Por un lado, reclaman seguridad y determinadas respuestas del Gobierno Nacional; pero, al mismo tiempo, se paran detrás de una decisión que implica decirle que no a los recursos previstos para esas políticas”, afirmó.

EL CRUCE POR LOS RECURSOS PARA SEGURIDAD

El Edil frenteamplista relacionó la discusión presupuestal con los cuestionamientos planteados en la propia Junta Departamental luego de los recientes episodios violentos registrados en Maldonado y del incremento nacional de los homicidios.

Según argumentó, el proyecto incorpora herramientas para aumentar la cantidad de policías, renovar vehículos, adquirir tecnología y reformular el sistema penitenciario.

Desde esa perspectiva, interpretó que una negativa general también comprometería inversiones capaces de alcanzar al departamento.

Pereira mencionó particularmente la previsión de incorporar 300 efectivos y aseguró que Maldonado recibiría parte de ese refuerzo.

También aludió a la compra de patrulleros y a la utilización de nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar modalidades delictivas cada vez más complejas.

El representante del Frente Amplio incorporó al análisis la realidad de la Unidad N° 13 "Las Rosas", cuyas condiciones han generado planteos reiterados de dirigentes departamentales de diferentes partidos.

“Sabemos cuál es la situación y hemos escuchado muchas veces hablar de ella a los Legisladores de Maldonado. Para nosotros, con este anuncio también están diciendo que no a las soluciones previstas para el sistema carcelario”, cuestionó.

VIVIENDA, INFANCIA Y SITUACIÓN DE CALLE

Pereira afirmó que la discusión no se limita a la seguridad pública.

Entre los puntos destacados mencionó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado para determinados materiales y servicios contratados por cooperativas de vivienda.

También hizo referencia a las partidas destinadas a la infancia y a la unificación de prestaciones sociales para hogares vulnerables.

De acuerdo con su exposición, las medidas contempladas por el Ejecutivo podrían beneficiar a niños que viven por debajo de la línea de pobreza, incluidos los residentes en el departamento de Maldonado.

El Edil sostuvo que la protección social prevista busca incrementar el apoyo económico recibido por esas familias y ampliar el alcance de las políticas dirigidas a la primera infancia.

En materia habitacional, afirmó que los relevamientos realizados en el departamento han identificado alrededor de 400 personas con dificultades para acceder a una vivienda, aunque aclaró que esa cantidad no coincide necesariamente con la ocupación registrada en los refugios.

A su juicio, la asignación de fondos para abordar la situación de calle constituye otra de las medidas que quedarían comprometidas por la decisión anunciada desde la oposición.

CUESTIONÓ EL CONTROL SOBRE LAS PRESTACIONES

Otro tramo de la intervención estuvo dirigido a los cuestionamientos sobre el eventual destino de las transferencias económicas que recibirían las familias beneficiarias.

Pereira rechazó los ejemplos utilizados públicamente para poner en duda la forma en que las personas de menores ingresos administrarían esos recursos.

Consideró que ese enfoque transmite una mirada prejuiciosa y desconoce la capacidad de cada hogar para definir sus prioridades.

“No estoy diciendo en qué deberían gastar el dinero. Lo que sostengo es que tienen derecho a resolver cómo mejorar su vida y su realidad cotidiana”, remarcó.

El Edil contrapuso esos controles con el tratamiento otorgado a las exoneraciones tributarias concedidas a distintos sectores económicos.

Según sostuvo, el Estado deja de recaudar unos 6.000 millones de dólares anuales mediante esos beneficios, sin que exista el mismo nivel de cuestionamiento público respecto al destino final de esos recursos.

Pereira calificó esa diferencia como una contradicción política: mientras se exige a las familias vulnerables justificar cómo utilizarán una prestación, no se aplica igual criterio a quienes reciben ventajas fiscales de mayor magnitud.

UN ANUNCIO “NETAMENTE POLÍTICO”

El edil frenteamplista puso en duda que los integrantes de la Coalición Republicana hubieran analizado la totalidad de los aproximadamente 300 artículos antes de comunicar su rechazo general al proyecto.

“Me cuesta creer que hayan estudiado 300 artículos en 48 horas para fundamentar una negativa. Para mí fue una decisión netamente política y así la planteé”, sostuvo.

Pereira aclaró que espera que la negociación parlamentaria modifique esa posición y permita alcanzar acuerdos sobre disposiciones específicas.

No obstante, insistió en que el anuncio inicial contradice varios de los reclamos realizados por dirigentes opositores en nuestro departamento de Maldonado.