Eduardo Elinger (PC-100): “La burocracia perjudica a quienes atraviesan mayores dificultades”.

El curul del Partido Colorado en la Junta Departamental de Maldonado, Eduardo Ellinger (Batllismo-100), denunciará en el órgano Deliberativo una serie de demoras burocráticas que, según sostuvo, afectan derechos esenciales de adultos mayores, personas con discapacidad y familias que dependen de prestaciones públicas.

Durante una entrevista concedida a Cadena del Mar, el Legislador Departamental colorado adelantó que planteará casos concretos registrados en el complejo de viviendas El Viejo Molino y en Aiguá, con el propósito de cuestionar procedimientos que paralizan asistencias mientras avanzan expedientes administrativos o judiciales.

Uno de los reclamos involucra a una adjudicataria de El Viejo Molino que atraviesa problemas oncológicos y recientemente perdió a su hermana, quien residía con ella y también padecía una enfermedad de esa naturaleza.

Tras regresar a su hogar luego de una intervención médica, la mujer encontró que el calefón no funcionaba.

De acuerdo con el relato de Elinger, la sustitución del equipo quedó sujeta durante más de un mes al recorrido interno de un expediente.

“Una respuesta que, en manos de mandos medios, no debería demorar más de 48 horas termina obligando a una persona adulta mayor a ir y venir durante semanas”, cuestionó.

El representante del Partido Colorado vinculó este episodio con dificultades anteriores en el mismo complejo habitacional, donde habían sido denunciados inconvenientes relacionados con el suministro de agua.

Las obras comenzaron, pero, según afirmó, permanecen desde hace meses con pozos y zanjas sin finalizar.

Eduardo Elinger también presentará el caso de una familia de Aiguá cuya madre falleció mientras ejercía la curatela de un hijo con discapacidad.

A partir de esa muerte, los hermanos debieron iniciar un nuevo procedimiento judicial para regularizar la representación legal.

Mientras se procesa la nueva curatela, distintas prestaciones que recibía la persona habrían quedado paralizadas, entre ellas la canasta de alimentos, el bono de leche, el pase libre para el transporte y el acceso a actividades deportivas.

El Edil consideró que la Administración podría establecer una prórroga provisoria de 45 días cuando se presente el certificado de defunción y quede acreditado que el nuevo trámite judicial está en curso.

“El Estado no puede interrumpir apoyos indispensables cuando conoce la condición de la persona y sabe que la familia está realizando todas las gestiones requeridas”, argumentó.

A juicio del Legislador Departamental, estos episodios reflejan una vulneración de derechos que no necesariamente responde a una decisión premeditada, sino a la falta de mecanismos ágiles dentro de organismos nacionales, departamentales y municipales.

“Muchas veces se genera una verdadera tortura psicológica. Gobierne quien gobierne, la burocracia del Estado termina actuando contra quienes tienen mayores dificultades”, advirtió.