Maldonado

Edil Sergio Estevez (FA): Denuncia alta siniestralidad laboral y reclama más controles en la construcción

En la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental, el Edil Sergio Estévez alertó sobre la crítica situación de seguridad en la industria de la construcción, sector que concentra casi la mitad de las muertes laborales registradas en lo que va del año.

Estévez informó que en 2025 ya se contabilizan 30 fallecidos por accidentes de trabajo, 14 de ellos en la construcción, lo que equivale a “un muerto cada diez días hábiles”. Recordó que, pese a la aprobación en 2014 de la Ley Nº 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, las cifras no han logrado reducirse de manera sostenida.

El Edil señaló que los primeros años tras la normativa hubo descensos significativos en la siniestralidad, incluso con un período entre mayo de 2017 y junio de 2018 en que no se registraron muertes. Sin embargo, desde 2020 la tendencia volvió a empeorar, con más de 37.100 accidentes -según datos proporcionados por el edil- en 2023 y 27 víctimas fatales, siete de ellas en la construcción.

Estévez también cuestionó los recortes en la Inspección General del Trabajo, que pasó de 130 inspectores en 2019 a 80 en la actualidad. En Maldonado, indicó, “apenas dos funcionarios fiscalizan todo el departamento, lo que demora la respuesta a denuncias por riesgo de vida”.

Según el Edil, los principales factores de la siniestralidad son la informalidad, la precarización laboral y la falta de organización sindical, lo que obliga a muchos trabajadores a desempeñarse sin medidas mínimas de seguridad.

Entre sus propuestas, planteó:

- Contratar más inspectores para cubrir mejor el territorio.

- Revisar la Ley de Registro de Empresas Infractoras.

- Crear una Fiscalía especializada en accidentes laborales y seguridad en el trabajo.

“Estamos cansados de acompañar hermanos al cementerio o de golpear una puerta para avisar que un padre, una madre, un hijo no volverán. Ir a trabajar no puede ser un riesgo de vida”, expresó Estévez con tono crítico.

El planteo fue derivado al SUNCA, al Frente Amplio, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Seguros del Estado, a la Intendencia Departamental, a la Comisión de Trabajo de la Junta y al Congreso de Intendentes.