Dra. Adriana Graziuso (IDM): "Con la pandemia y la llegada de montevideanos empezaron a hacerse visibles estas irregularidades con terrenos".

La Dra. Adriana Graziuso, Directora General del Departamento de Convivencia Ciudadana de la Intendencia Departamental de Maldonado, repasó en detalle las actuaciones iniciadas años atrás, cuando estuvo al frente de la Dirección General de Asuntos Legales de la comuna, en el contexto de algunos terrenos en zonas balnearias que presentaban diversas situaciones en su documentación.

Graziuso recordó que al asumir en 2015 se encontraron con expedientes archivados de la gestión previa sobre ocupaciones en balnearios de la Zona Oeste.

"En el 2015 asumimos el cargo de Directora General de Asuntos Legales en el gobierno del Ingeniero Antía y ya recibimos denuncias en el primer momento. Por ejemplo, desde Piriápolis habían quedado pendientes del gobierno anterior denuncias que había enviado el alcalde Invernizzi", relató la jerarca, señalando que la directiva inmediata fue derivar todo lo investigado a la Justicia.

A partir de esas primeras alertas en lugares como Punta Negra, el fenómeno fue mutando desde la simple ocupación hacia maniobras jurídicas de mayor envergadura.

"Estamos hablando de ocupaciones que es lo más fácil, técnicamente hablando, es meterse en un terreno y comenzar a poseerlo, pero ya después las cosas derivaron en delitos más grandes de falsificar posesiones y derechos posesorios", explicó Graziuso, agregando que en muchos casos "se vendían derechos falsos alegando presencias de diez años cuando en realidad llevaban pocos minutos en el lugar".

La jerarca remarcó que el detonante principal para el destape de estas irregularidades fue el cambio demográfico impulsado por la emergencia sanitaria. "El gran problema fue la pandemia, cuando el exilio montevideano se viene a Maldonado y empieza a percatarse de esa situación", afirmó la Dra. Adriana Graziuso, explicando que al llegar nuevos residentes y comenzar a buscar solares, "se hicieron evidentes los baches dejados por predios cuyos dueños originales —muchos de ellos argentinos que compraron décadas atrás— no los mantenían".

En ese sentido, Graziuso contrapuso el mecanismo legítimo de la usucapión con la aparición de esquemas fraudulentos elaborados para engañar a compradores e inmobiliarias.

"Poseer es una figura permitida por nuestro derecho mientras no sea con violencia, con falsificación de documentos o escrituras. Pero acá empezaron a sacar certificados registrales, aliarse con ciertos escribanos y de ahí empieza toda una maquinaria", advirtió.

Frente a este escenario, la funcionaria subrayó el compromiso del equipo técnico municipal para apoyar las causas penales e inspeccionar el territorio junto a la Dirección General de Vivienda. "Nosotros cumplimos como Intendencia, como funcionarios públicos, cuando se ven irregularidades enseguida enviarlos a la justicia", enfatizó.

Finalmente, la Directora General sostuvo que el volumen de trabajo desplegado por la Intendencia ha terminado supliendo la falta de recursos de otras dependencias del Estado.

"Muchas fiscalías no tienen asesores técnicos en este tema. Nosotros nos hemos convertido en asesores, un canal de cumplimiento de medidas, que todo lo paga el pueblo de Maldonado", concluyó la jerarca respecto a las horas de trabajo notarial, jurídico y pericial aportadas a los juzgados penales y de familia.