ACTUALIZACIÓN
Femicida de Valentina Cancela: familia de la víctima pide que rinda sus exámenes a distancia.
El abogado Ignacio Barlocci reclamó que cualquier instancia presencial en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración quede supeditada a condiciones adecuadas de seguridad. La institución recordó que la modalidad educativa de una persona privada de libertad es competencia exclusiva del Poder Judicial.
La situación académica de Santino Gandini volvió a quedar bajo discusión luego de conocerse que, aunque actualmente cursa desde un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) ubicado en el Interior, cuenta con autorización judicial para concurrir presencialmente a determinadas evaluaciones universitarias.
Según informaron los colegas periodistas de El País, la defensa de la familia de Valentina Cancela no cuestiona el derecho del condenado a continuar estudiando, pero entiende que esa posibilidad debe compatibilizarse con garantías suficientes para quienes comparten las instalaciones de la Facultad.
“Comprendemos la necesidad de resocialización y no discutimos que él tiene derecho a estudiar, pero la sociedad tiene derecho a saber que esto está pasando y que debe existir alguna medida de seguridad”, sostuvo Barlocci.
El profesional señaló que, de acuerdo con la información que maneja, Gandini ya concurrió presencialmente a cursar y realizar pruebas durante el año pasado.
Actualmente sigue su formación de manera remota debido a que permanece recluido fuera de Montevideo.
EL RECLAMO POR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
Barlocci centró su planteo en las características del acompañamiento dispuesto cuando el joven debe trasladarse hasta la Universidad.
“Santino Gandini no va a los parciales con un Policía atrás. Va con funcionarios del INISA que no tienen la función de ser personal de seguridad”, explicó.
El abogado agregó que tampoco corresponde a los funcionarios universitarios asumir ese cometido y reclamó que se evalúen especialmente las condiciones antes de autorizar una instancia con numerosos estudiantes.
“Si no están dadas las garantías para que esté en un salón con otras 100 personas, que haga los exámenes de manera virtual”, planteó.
También aseguró que la posibilidad de que el condenado se traslade a Montevideo genera inquietud entre los familiares de Valentina, que residen en la capital, y pidió contemplar la percepción de quienes estudian o trabajan en la institución.
LA POSICIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración ya se había pronunciado tras recibir numerosas consultas relacionadas con la presencia de Gandini en sus registros académicos.
La institución aclaró que corresponde exclusivamente al Poder Judicial determinar cómo accede una persona privada de libertad a las actividades educativas: mediante virtualidad, asistencia presencial o autorizaciones específicas para rendir determinadas pruebas.
En consecuencia, la casa de estudios debe cumplir lo dispuesto judicialmente, incluido el ingreso acompañado por quienes establezca la normativa.
Al mismo tiempo, reconoció que una situación de estas características puede provocar “incomodidad, miedo e inseguridad” dentro de la comunidad educativa y aseguró que continúa analizando herramientas adicionales de cuidado que se encuentren dentro de sus competencias.
Gandini fue condenado a 10 años de privación de libertad, máxima pena aplicable a un adolescente, por el homicidio muy especialmente agravado por femicidio de Valentina Cancela, de 17 años, cometido en agosto de 2023 en Punta del Este.
