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Complot Narco (Punta del Este): planeaban ejecutar un Fiscal y un Juez argentino.
Una maniobra organizada desde una cárcel de Entre Ríos (Argentina), incluía contratar a un sicario uruguayo para asesinar en el principal balneario del país al Fiscal Ignacio Candioti y al Juez Leandro Ríos. El Ministro de Seguridad Provincial de la vecina orilla, también figuraba como objetivo; según informaron los colegas argentinos de INFOBAE.
A raíz de una investigación judicial en la Nación hermana , se reveló la existencia de un presunto plan criminal que tenía a Uruguay —y concretamente a Punta del Este— como escenario elegido para un doble asesinato de alto impacto institucional.
La maniobra habría sido diseñada desde una unidad penitenciaria argentina por un detenido vinculado a causas de narcotráfico.
De acuerdo a la información difundida por medios entrerrianos y consignada por INFOBAE, el complot apuntaba contra el Fiscal Ignacio Candioti y el Juez Leandro Ríos, ambos intervinientes en procesos judiciales contra el presunto autor intelectual. También figuraba como blanco el actual Ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
El dato que encendió las alarmas surgió tras la declaración de un interno que actuó como informante.
Según ese testimonio, el detenido habría resuelto vengarse de los funcionarios judiciales y planificó su ejecución fuera de Argentina, aprovechando un eventual viaje de las víctimas a Punta del Este durante el período de descanso estival.
Punta del Este como punto elegido:
Siempre según la confesión incorporada al expediente, el plan contemplaba la contratación de un sicario uruguayo, con un pago estimado en 40.000 dólares para concretar el ataque en territorio uruguayo.
El balneario esteño habría sido seleccionado como lugar estratégico para ejecutar el atentado contra el Fiscal y el Juez, en un contexto de aparente relajación y menor esquema de seguridad.
En paralelo, el Ministro Roncaglia también figuraba en la lista de objetivos, aunque en su caso el ataque estaba previsto en Argentina.
La declaración incluyó detalles logísticos que motivaron una reacción inmediata de la Justicia Federal Argentina: se ordenó el allanamiento de la unidad penitenciaria desde donde se habría articulado la maniobra y se incautaron teléfonos celulares, documentación y otros elementos de interés para la causa.
Investigación abierta y refuerzo de seguridad:
El expediente quedó en manos de Fiscalías argentinas, quienes avanzan en el análisis del material secuestrado para determinar el alcance real del presunto complot y si existieron contactos concretos con terceros fuera del ámbito carcelario.
A raíz de la gravedad de la denuncia, se dispusieron medidas especiales de protección para los funcionarios mencionados y sus familias.
El episodio genera preocupación no sólo en el ámbito judicial argentino, sino también por la mención directa de Punta del Este como eventual escenario de un crimen por encargo.
La investigación continúa en curso para establecer si el plan tuvo algún grado de avance operativo o si fue neutralizado en su fase inicial.
Imagen ilustrativa: Cadena del Mar.