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Represa Casupá: Cuatro consorcios competirán por la construcción de la mayor reserva de agua del país.

Dos grupos con participación de empresas chinas quedaron habilitados para disputar una obra considerada estratégica tras las crisis de abastecimiento registradas en los últimos años.

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) dio un nuevo paso hacia la concreción de una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas al lanzar la licitación pública internacional para la construcción de la represa de Casupá, un emprendimiento valorado en 130 millones de dólares que busca asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.

La futura represa estará ubicada sobre el arroyo Casupá, en el límite entre los departamentos de Florida y Lavalleja, y forma parte de la estrategia del gobierno para evitar que vuelvan a repetirse situaciones críticas como la histórica sequía de 2023 y el déficit hídrico registrado entre fines de 2025 y mayo de este año, cuando las reservas del embalse de Paso Severino alcanzaron niveles mínimos.

El directorio de OSE aprobó el pliego de condiciones por mayoría. Votaron afirmativamente el presidente del organismo, Pablo Ferreri, y el vicepresidente Guillermo Caraballo, mientras que el representante del Partido Colorado, José Amy, expresó su rechazo al proyecto.

La obra será financiada mediante un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que aportará los 130 millones de dólares necesarios.

De ese monto, 110 millones estarán destinados a la construcción propiamente dicha y otros 20 millones se utilizarán para la adquisición de los terrenos mediante expropiaciones. Además, el organismo internacional otorgará una cooperación técnica no reembolsable de 160.000 dólares para acompañar el proceso licitatorio y los estudios ambientales.

Según el cronograma oficial, las ofertas serán evaluadas durante los próximos meses y la adjudicación está prevista para fines de 2026. Si se cumplen los plazos establecidos, las obras comenzarán a principios de 2027 y finalizarán a mediados de 2029.

Cuatro consorcios internacionales quedaron habilitados para competir por la adjudicación, luego de superar la etapa de precalificación técnica entre ocho interesados iniciales. Dos de ellos cuentan con participación de empresas chinas especializadas en grandes obras hidráulicas: el consorcio CCCC-YREC-Impacto y el Consorcio Casupá, integrado por Sinohydro10 y Grinor. También participan Rovella CVC y el Consorcio Constructor de Presas Uruguay, conformado por Traxpalco, Berkes y Toniolo Busnello.

La represa será construida mediante la técnica de hormigón compactado a rodillo, una metodología que todavía no ha sido utilizada en este tipo de obras en Uruguay y que requiere experiencia internacional especializada.

El proyecto contempla una presa de 750 metros de longitud y una altura máxima de 30 metros, sobre una cuenca de 685 kilómetros cuadrados.

El embalse ocupará 2.127 hectáreas y almacenará hasta 118 millones de metros cúbicos de agua, una capacidad que prácticamente duplica la del actual embalse de Paso Severino, considerado hoy la principal reserva del país.

Desde OSE sostienen que esta infraestructura permitirá asegurar reservas suficientes para abastecer durante al menos 60 días a unos 1.600.000 habitantes del área metropolitana, incluso frente a escenarios extremos de sequía o eventuales problemas en otras fuentes de abastecimiento.

Para hacer posible la construcción será necesario expropiar 3.418 hectáreas distribuidas en 102 padrones rurales. El proceso ya comenzó con la adquisición de unas 380 hectáreas por aproximadamente 3,5 millones de dólares.

Las autoridades aseguran que las negociaciones se realizan de forma individual con cada propietario para minimizar el impacto sobre la población local.

El Presidente de OSE, Pablo Ferreri, remarcó que la represa no sustituye otros proyectos de infraestructura, sino que los complementa. En ese sentido, sostuvo que el país necesita tanto la nueva reserva de agua como la futura planta potabilizadora proyectada en Aguas Corrientes, cuya construcción forma parte de la reformulación del proyecto Arazatí.

Sin embargo, el avance del proceso licitatorio ha generado cuestionamientos debido a que el Ministerio de Ambiente todavía no culminó la evaluación de impacto ambiental.

Desde la oposición se solicitó la suspensión preventiva del llamado hasta contar con todos los estudios concluidos.

El Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, rechazó esa postura y aseguró que el inicio de la licitación no implica el comienzo inmediato de las obras. Además, recordó que situaciones similares ocurrieron con otros proyectos de infraestructura desarrollados en administraciones anteriores y enfatizó que ninguna construcción comenzará sin la correspondiente autorización ambiental.

Paralelamente, vecinos de Pueblo Bolívar manifestaron su preocupación por los riesgos asociados a una eventual falla de la represa.

Durante una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, señalaron que estudios técnicos manejan escenarios en los que la localidad dispondría de apenas 30 minutos para ser evacuada ante una emergencia.

Los habitantes también expresaron inquietud por el posible impacto sobre otras poblaciones cercanas y reclamaron una mayor presencia de las autoridades para explicar el alcance del proyecto.

Desde OSE respondieron que se implementarán planes de emergencia y sistemas de alerta temprana para minimizar cualquier riesgo, mientras continúan las instancias técnicas y administrativas que definirán el futuro de una obra considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable del país.