Crisis en la industria frigorífica: 700 trabajadores podrían quedar sin cobertura laboral.

La situación de la industria frigorífica uruguaya atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

Unos 700 trabajadores del Frigorífico Carrasco, propiedad de la multinacional brasileña Minerva Foods y ubicado en el departamento de Canelones, enfrentan un escenario de fuerte incertidumbre luego de que este 30 de junio venciera el período de seguro de paro que los ampara desde noviembre de 2025.

Si no se concreta una nueva extensión del beneficio y la empresa no anuncia una fecha para retomar las actividades, los trabajadores podrían quedar desde el 1.º de julio en situación de despido indirecto, agravando una crisis laboral que ya lleva ocho meses y que afecta a cientos de familias.

El conflicto trasciende a esta planta. De los 28 frigoríficos que actualmente operan en Uruguay, solamente cinco mantienen actividad durante todo el año sin recurrir al seguro de paro, mientras que el resto funciona parcialmente, depende de subsidios estatales o permanece completamente inactivo.

El Presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Martín Cardozo, confirmó que durante una reciente reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), representantes de Minerva Foods manifestaron que la planta Carrasco no retomaría su actividad hasta el próximo año.

Ante ese panorama, el sindicato inició las gestiones para solicitar una nueva prórroga del seguro de paro, aunque reconoce que su aprobación no está garantizada.

Cardozo recordó además que la extensión anterior, aprobada por ley en marzo, sufrió importantes demoras administrativas que provocaron que los trabajadores permanecieran cuatro meses sin cobrar el subsidio correspondiente.

Durante los próximos días está prevista una nueva instancia de negociación entre FOICA y el Ministerio de Trabajo, mientras autoridades de esa cartera también mantendrán reuniones con representantes de la empresa para intentar encontrar una salida.

Desde el sindicato cuestionan los argumentos esgrimidos por Minerva Foods para justificar el prolongado cierre de la planta.

Aunque la empresa atribuye la paralización al elevado precio del ganado y a diferencias vinculadas al convenio colectivo, Cardozo sostiene que esas razones no explican una inactividad que se extiende por casi un año.

Según el dirigente sindical, las grandes multinacionales del sector han incorporado el uso prolongado del seguro de paro como una herramienta para disminuir costos operativos.

Asegura que mantienen trabajadores subsidiados por el Estado mientras concentran la producción en otras plantas, evitando el pago de salarios, aportes y otros beneficios laborales, para luego negociar reducciones de personal o rebajas salariales como condición para reabrir los establecimientos.

FOICA afirma que esta modalidad ya se aplicó anteriormente en otros frigoríficos.

Uno de los casos mencionados es el del Frigorífico Canelones, cuyos trabajadores permanecieron un año y medio en seguro de paro antes de aceptar una reducción salarial superior al 20% para recuperar sus puestos. Una situación similar, según el sindicato, también se produjo en la planta de BPU Meat.

Mientras tanto, otro conflicto importante se desarrolla en el Frigorífico Establecimiento Colonia, perteneciente al grupo brasileño Marfrig.

Allí, las negociaciones permitieron avanzar hacia un acuerdo que contempla retiros voluntarios, jubilaciones y una reorganización de la plantilla laboral, aunque también implica modificaciones en las condiciones salariales de los trabajadores.

El contexto económico tampoco favorece la recuperación del sector. Según datos aportados por FOICA, las importaciones de carne crecieron de unas 4.000 toneladas en 2014 a cerca de 50.000 toneladas en la actualidad, mientras que la faena vacuna registró una caída del 17% durante los primeros meses de 2026 respecto al mismo período del año anterior.

Frente a este panorama, la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay (CSI) propuso crear un fondo especial destinado a proteger a los trabajadores afectados por cierres de empresas y procesos de reestructuración.

El Presidente de la organización, Danilo Dárdano, explicó que la iniciativa apunta a generar un "colchón social" financiado mediante un nuevo tributo, con el objetivo de brindar respaldo económico mientras los trabajadores buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Aunque inicialmente la central sindical había planteado aplicar un impuesto al patrimonio del 1% más rico de la población, esa propuesta no prosperó. Ahora se trabaja en alternativas que permitan redistribuir recursos para sostener el empleo industrial en momentos de crisis.

FOICA también reclama la instalación de una mesa interministerial integrada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ganadería para discutir el futuro del sector frigorífico y definir una política industrial de largo plazo.

El sindicato sostiene que el problema excede la negociación empresa por empresa y advierte que resulta contradictorio que la carne continúe siendo el principal producto de exportación del Uruguay mientras cientos de trabajadores permanecen sin actividad y dependen de subsidios para subsistir.

Para los representantes de los trabajadores, el seguro de paro constituye una herramienta necesaria para afrontar emergencias, pero no representa una solución definitiva a una problemática que consideran estructural y que, aseguran, requiere decisiones de política pública para preservar el empleo en una de las industrias más importantes del país.