POLÍTICA EXTERIOR

Combate al Narcotráfico (OEA): Uruguay y Brasil rechazaron activación de tratado de defensa colectiva.

La iniciativa, impulsada por 12 países, obtuvo respaldo mayoritario y prevé convocar a una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar posibles acciones conjuntas contra el crimen organizado transnacional.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer, viernes 20 de noviembre, durante una sesión extraordinaria celebrada en Washington (Estados Unidos), la convocatoria al Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La propuesta, promovida por 12 naciones, prosperó con 14 votos afirmativos, dos negativos —correspondientes a Uruguay y Brasil— y la abstención de Bahamas.

Los promotores de la iniciativa consideran que las actividades de las organizaciones criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo representan una potencial amenaza para la paz y la estabilidad hemisférica.

Posición uruguaya:

El Embajador de nuestro país ante la OEA, Edison Lanza, reconoció la gravedad del avance de estas estructuras delictivas, aunque cuestionó la pertinencia de recurrir a un instrumento concebido para afrontar amenazas de otra naturaleza.

El Diplomático argumentó que la delincuencia organizada y el terrorismo cuentan con marcos jurídicos diferenciados, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de habilitar mecanismos de intervención en asuntos internos de otros Estados.

Como alternativa, planteó fortalecer la cooperación judicial y policial, el intercambio de información de inteligencia, los controles fronterizos y la coordinación internacional para combatir el financiamiento de actividades ilícitas y el lavado de activos.

¿Qué es el TIAR y qué implica su activación?

Conocido también como Tratado de Río, el acuerdo fue suscrito en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de establecer un sistema de asistencia mutua y seguridad colectiva entre las naciones americanas.

Su artículo 6 contempla la posibilidad de convocar a los Estados parte ante circunstancias que comprometan la paz regional, incluso en ausencia de una agresión armada.

La resolución establece un plazo máximo de 75 días para reunir a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países integrantes del tratado, quienes evaluarán eventuales medidas diplomáticas, jurídicas y de otra índole frente al crimen organizado transnacional.

La decisión no supone la aplicación inmediata de sanciones ni autoriza operaciones militares, sino que abre una instancia formal de consultas para determinar posibles respuestas coordinadas.