ESTADO DE DERECHO
Colegio de Abogados del Uruguay: advierten sobre riesgos de estigmatizar a Defensores Penales.
La institución rechazó que se asocie a los profesionales con los delitos atribuidos a sus clientes y reivindicó las garantías del debido proceso, en medio de la controversia por el ingreso de un abogado a la Fiscalía General de la Nación.
El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) manifestó su preocupación ante los cuestionamientos hacia quienes representan legalmente a personas acusadas de delitos graves y advirtió que vincular a los defensores con las conductas de sus patrocinados compromete principios fundamentales del sistema de Justicia.
La declaración fue aprobada por su Directorio a raíz de la polémica que involucra al Dr. Raúl Estomba, profesional que ejerció la defensa de imputados por narcotráfico y posteriormente ganó un concurso para incorporarse a la Fiscalía General de la Nación.
El caso despertó inquietud en el Poder Ejecutivo y provocó repercusiones en el Parlamento, donde algunos legisladores adelantaron que no acompañarán la venia requerida para su designación.
No obstante, el CAU aclaró que carece de elementos para pronunciarse sobre la situación particular de Estomba y precisó que su postura procura resguardar el ejercicio de la abogacía y los derechos de cualquier persona sometida a un proceso penal.
En su pronunciamiento, la entidad recordó que la presunción de inocencia y el debido proceso constituyen pilares del Estado de Derecho. Asimismo, enfatizó que la responsabilidad penal sólo puede determinarse mediante una sentencia firme, por lo que representar a un acusado no implica avalar los hechos que se le atribuyen.
El organismo reconoció la preocupación por una eventual infiltración del Crimen Organizado en instituciones públicas y posibles actos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, consideró equivocado enfrentar esos riesgos mediante sospechas generalizadas sobre quienes cumplen tareas de asistencia jurídica.
También cuestionó expresiones como “abogados de narcos” o “abogados de violadores”, al entender que trasladan al profesional el rechazo social provocado por las conductas investigadas.
Según advirtió, esta clase de señalamientos puede desalentar la aceptación de determinados casos y afectar el acceso a una representación adecuada, con consecuencias para el funcionamiento de la Justicia.
Desde el CAU sostuvieron que la atención debería centrarse en prevenir y detectar irregularidades dentro de los organismos estatales, sin perjudicar la independencia de los defensores ni debilitar las garantías individuales.
Finalmente, reafirmaron que la Defensa Penal constituye una función esencial para asegurar que toda persona pueda ejercer plenamente sus derechos, con independencia de la gravedad de las acusaciones que enfrente.