ACTUALIZACIÓN
Caja de Profesionales: Poder Ejecutivo anulará el cobro de timbres en los registros médicos si el directorio no revierte la medida.
El Director Nacional de Seguridad Social calificó la resolución de formalmente irregular y de una mayúscula inconveniencia fáctica debido a su fuerte impacto económico en el sistema asistencial. Pese a que los nuevos delegados gubernamentales habían acompañado inicialmente la iniciativa orientada a recaudar fondos contra el déficit, las autoridades aclararon que fueron sorprendidos en su buena fe y exigieron una reconsideración para evitar el encarecimiento directo de las prestaciones sanitarias.
La determinación de incorporar una nueva tasa sobre la documentación de los pacientes generó un firme rechazo en las esferas de la administración pública nacional.
La fecha prevista para la entrada en vigencia del nuevo gravamen sobre los informes asistenciales estaba fijada para el 1° de agosto.
La resolución original se había adoptado por unanimidad en la sesión directiva desarrollada el pasado 28 de mayo.
El Director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, confirmó la decisión oficial de anular el cobro de no mediar una marcha atrás del organismo.
El jerarca aclaró que los delegados del Gobierno en el Directorio, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias, fueron sorprendidos en su buena fe durante su primera sesión.
Los citados representantes asumieron recientemente tras la remoción de sus antecesores por votar una partida salarial irregular.
El titular de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, recibió el planteo formal de revisión, aunque el directorio mantendría su postura inicial.
La normativa proyectada establecía la obligatoriedad de abonar un valor de 170 pesos por cada registro médico efectuado.
Según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, la medida implicaría una transferencia de entre US$ 60 y US$ 100 millones anuales.
La Junta Nacional de la Salud (JUNASA) emitió un oficio formal exigiendo que se deje sin efecto la aplicación de la tasa.
El organismo sanitario argumentó que esto incorpora un nuevo costo con impacto directo en los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.
El alcance del tributo pretendía afectar a las consultas en policlínica, puertas de urgencia, emergencias, exámenes, análisis clínicos e historias clínicas de internación.
