FISCALIZACIÓN
Clausura de Comercios (Maldonado): Intendencia dispuso cierres y multas por diversas infracciones.
Las medidas abarcan establecimientos de distintos rubros que carecían de habilitación higiénica. También se registraron sanciones económicas a un edificio por vertidos contaminantes y a una gomería que continuó funcionando pese a una orden de cierre.
La Intendencia Departamental de Maldonado ordenó la clausura preventiva de establecimientos comerciales, como resultado de las tareas de fiscalización destinadas a controlar el cumplimiento de las exigencias sanitarias y ambientales vigentes en el departamento.
Las resoluciones, fechadas el pasado martes 27 de octubre, disponen que los responsables deberán regularizar su situación administrativa y presentar la habilitación higiénica correspondiente a 2026 antes de retomar sus actividades.
Entre los casos identificados se encuentran un centro de apoyo escolar y liceal de la ciudad de Maldonado, una peluquería situada sobre la avenida Joaquín de Viana, una conocida leñería y una vidriería, así como talleres mecánicos, herrerías, lavaderos de vehículos y una tornería.
El relevamiento comprende, además, un salón de spa y belleza y una barraca, entre otros emprendimientos sujetos a las disposiciones municipales.
Algunos expedientes revelan que los titulares ya habían sido intimados a subsanar las irregularidades. En particular, una tornería recibió durante mayo una última prórroga extraordinaria de diez días para cumplir con los requisitos establecidos, sin que posteriormente acreditara haber regularizado su situación.
Sanción a un edificio por vertidos contaminantes:
En otra actuación, la Comuna impuso una multa de 20 Unidades Reajustables, equivalentes aproximadamente a $40.000, a un edificio ubicado en el centro de Maldonado por descargar líquidos contaminantes hacia la vía pública.
Gomería continuó funcionando pese a estar clausurada:
Por otra parte, un establecimiento dedicado a servicios de neumáticos recibió una multa de 10 Unidades Reajustables, estimadas en unos $19.000, tras comprobarse que mantenía su actividad comercial a pesar de una prohibición administrativa vigente.
El local había sido clausurado anteriormente por carecer de habilitación higiénica. Sin embargo, una inspección posterior permitió constatar que sus responsables desatendieron la medida y continuaron trabajando.
Las disposiciones advierten que incumplir una orden de cierre puede ocasionar nuevas penalidades económicas e incluso dar lugar a actuaciones penales por desacato, según las circunstancias de cada caso.
Los procedimientos reflejan el alcance de los controles departamentales, tanto en materia de habilitaciones comerciales como en la prevención de prácticas que comprometen la higiene y las condiciones ambientales del entorno urbano.
Imagen: ilustrativa.