PROCESO PENAL
Caso ex Presidentes (Junta Departamental): Fiscal Vaz y su equipo solicitaron penas de hasta 6 años y medio de prisión.
El Ministerio Público presentó la Demanda Acusatoria contra tres ex jerarcas del Legislativo de Maldonado. Las sanciones reclamadas incluyen multas de hasta 1.000 unidades reajustables (aproximadamente 1.949.000 pesos uruguayos) e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El proceso penal que involucra a tres ex Presidentes de la Junta Departamental de Maldonado avanzó hacia una nueva instancia con la presentación de la Demanda Acusatoria, formulada por el Fiscal Letrado de 5° Turno, Dr. Jorge Vaz González, junto a las también Fiscales Dra. Ana Laura Barrios y Dra. Carina Fernández, integrantes de su equipo.
La actuación comprende a quienes presidieron el organismo departamental en representación del Partido Nacional. Para ellos se solicitaron penas de penitenciaría que oscilan entre cuatro años y seis años y seis meses.
El planteo también contempla sanciones económicas y restricciones temporales para desempeñar funciones públicas, de acuerdo con las responsabilidades atribuidas a cada uno.
Individualización:
La situación de Alexandro Infante Caballero presenta una particularidad respecto de los otros dos ex titulares del Legislativo: entre los delitos que se le imputan figura el abuso de funciones especialmente agravado.
En concreto, se le atribuye un delito de fraude especialmente agravado en concurso con falsificación ideológica por funcionario público, en reiteración real con un delito de abuso de funciones especialmente agravado, también en concurso con falsificación ideológica por funcionario público.
Por estos hechos, el equipo Fiscal reclama cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y una multa de 170 unidades reajustables (aproximadamente 331.000 pesos uruguayos).
En cuanto a Darwin Correa, la Demanda Acusatoria lo señala como autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado, en concurso fuera de la reiteración con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.
Para él se requieren seis años de penitenciaría, un período equivalente de inhabilitación especial y una multa de 750 unidades reajustables (aproximadamente 1.462.000 pesos uruguayos).
La pena más elevada fue solicitada para José Luis Sánchez Olivera, a quien se atribuye participación como coautor de los mismos delitos continuados señalados precitadamente.
En su caso, la Fiscalía pretende seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y una sanción económica de 1.000 unidades reajustables (aproximadamente 1.949.000 pesos uruguayos).
La Justicia deberá resolver tras el diligenciamiento de las pruebas
La Demanda Acusatoria establece las condenas que procura obtener el Ministerio Público, pero no constituye una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de los involucrados.
En las siguientes etapas del proceso deberán diligenciarse y valorarse los elementos probatorios, a partir de los cuales la Justicia determinará si corresponde imponer las sanciones reclamadas.
Por lo tanto, los pedidos formulados por el Fiscal Vaz González y su equipo representan la pretensión de la parte acusadora y no penas efectivamente impuestas, dado que todavía no existe una sentencia condenatoria y rige el principio de inocencia.