ESTADOS UNIDOS

¿Pena de muerte? (Estados Unidos): 3 ejecuciones en un mismo día reavivan el debate.

Estados Unidos volvió a registrar tres ejecuciones en una misma jornada, algo que no ocurría desde hacía 16 años. El aumento de las sentencias ejecutadas, particularmente en Florida, contrasta con una caída sostenida del respaldo ciudadano y del número de condenas a muerte dictadas por los jurados.

Estados Unidos volvió a vivir este jueves una jornada poco habitual: tres personas condenadas a muerte fueron ejecutadas el mismo día, algo que no ocurría en el país desde hacía 16 años.

Las ejecuciones correspondieron a Anthony Darrell Hines, de 66 años, en Tennessee; Jeremy Williams, de 41, en Alabama; y Carlos Cuesta Rodríguez, de 71, en Oklahoma.

Los tres casos se produjeron en un contexto de incremento de las ejecuciones en Estados Unidos. En 2025 fueron ejecutadas 47 personas en 11 estados, frente a las 25 del año anterior y casi cuatro veces más que en 2021.

Uno de los principales motores de este incremento es Florida. En 2025, cerca del 40% de todas las ejecuciones del país se produjeron en ese estado. Durante 2026, hasta mediados de año, Florida concentraba 12 de las 19 ejecuciones registradas.

Expertos atribuyen buena parte de esta situación a las políticas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, quien promovió modificaciones legales destinadas a facilitar la aplicación de la pena capital.

Entre ellas se encuentra una reforma aprobada en 2023 que redujo el requisito de unanimidad del jurado para recomendar la pena de muerte. Actualmente, en determinados casos, alcanza con el respaldo de ocho de los 12 jurados.

El debate también alcanza al gobierno federal. El presidente Donald Trump, histórico defensor de la pena capital, reinstauró durante su segundo mandato una política federal favorable a las ejecuciones y ordenó ampliar los mecanismos para aplicarlas.

Sin embargo, hasta ahora no se produjo ninguna ejecución federal desde el regreso de esa política.

Otro de los grandes puntos de discusión es la forma en que se llevan adelante las ejecuciones. La escasez de medicamentos para las inyecciones letales llevó a algunos estados a recurrir a métodos alternativos, incluido el fusilamiento.

Además, se han registrado casos de procedimientos fallidos. En Tennessee, por ejemplo, las autoridades intentaron ejecutar en mayo a Tony Von Carruthers mediante una inyección letal, pero no pudieron completar correctamente el procedimiento. El gobernador Bill Lee posteriormente le concedió un aplazamiento de un año.

La ejecución de Anthony Darrell Hines, realizada este jueves en Tennessee, utilizó el mismo protocolo. Hines, quien sostenía su inocencia y se encontraba postrado en una cama, había recibido una condena por asesinato.

En Alabama, Jeremy Williams fue ejecutado mediante inyección letal. Había sido condenado por la violación y asesinato de una niña de cinco años en 2021. Williams había decidido no continuar con la defensa legal y aceptó voluntariamente su ejecución.

En Oklahoma, Carlos Cuesta Rodríguez, de 71 años, también murió mediante una inyección letal. Había sido condenado por el asesinato de su novia, Olimpia Fisher, cometido en 2003.

El incremento de las ejecuciones ocurre, sin embargo, mientras disminuye el respaldo social a la pena de muerte.

Según una encuesta de Gallup, el 52% de los estadounidenses considera moralmente aceptable este castigo, el porcentaje más bajo registrado desde la década de 1970.

También cayó de manera pronunciada la cantidad de nuevas condenas a muerte. Durante la década de 1990, los jurados estadounidenses dictaban más de 300 condenas capitales por año. En 2025 fueron solamente 23.

Estados Unidos continúa siendo uno de los pocos países occidentales que mantienen la pena de muerte. Actualmente, 27 de los 50 estados la contemplan en su legislación, aunque algunos mantienen suspensiones de las ejecuciones.

La jornada de este jueves vuelve a poner en primer plano la contradicción que atraviesa el debate estadounidense: mientras determinados estados están acelerando la aplicación de condenas capitales, una proporción cada vez mayor de jurados y ciudadanos cuestiona que la pena de muerte sea la respuesta adecuada incluso frente a los delitos más graves.