INVESTIGAN
Faltante en una bóveda (Paraguay): dictan prisión preventiva para un directivo.
La diferencia detectada en GSR Security supera los 3.090 millones de guaraníes y corresponde a fondos de Red Digital. El responsable de la firma entregó un cheque por ese importe, cuya disponibilidad debía verificarse, según la resolución judicial.
La Justicia paraguaya dispuso prisión preventiva para Fabricio Martín Martínez Appleyard, director de GSR Security, tras detectarse un faltante de 3.090.600.000 guaraníes en una bóveda de la empresa.
La investigación se desarrolla en el marco del caso Ueno Bank y alcanza fondos que la transportadora custodiaba para Red Digital.
El procedimiento en Asunción estuvo encabezado por los fiscales Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta, con participación de representantes del Banco Central del Paraguay.
Los registros contables indicaban que debían encontrarse 18.102.290.500 guaraníes y USD 189.396.
El conteo arrojó 15.011.690.500 guaraníes y la totalidad de los dólares.
La diferencia correspondía al dinero registrado a nombre de Red Digital, mientras que los demás montos coincidían con la documentación.
Los investigadores también detectaron dos interrupciones de las cámaras de vigilancia el 3 de noviembre. La primera comenzó minutos antes de las 17:00 horas y duró aproximadamente una hora. La segunda se produjo cerca de las 19:00 horas y se extendió hasta el día siguiente.
El GPS del vehículo transportador número 7 registró un desplazamiento hacia un inmueble vinculado al propietario, en el barrio Trinidad. Allí se incautaron documentos relacionados con el estado de cuenta de la bóveda.
Después de su detención, Martínez Appleyard entregó un cheque por el total del faltante. Aunque la Fiscalía informó inicialmente la restitución, el Juez Rodrigo Estigarribia señaló que todavía debía comprobarse la disponibilidad efectiva de los fondos.
El magistrado dispuso su ingreso al Centro Nacional de Prevenidos y mantuvo el proceso por presunta apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal.
Las actuaciones continúan para establecer cómo se retiró el dinero y determinar las responsabilidades correspondientes.