LEY TAJANI
Ciudadanía Italiana: decisión judicial renovó esperanza de miles de descendientes.
La Corte Constitucional de Italia remitió el análisis de la reforma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá determinar si las restricciones impuestas por la normativa son compatibles con el derecho comunitario. Juristas consideran que el pronunciamiento abre una nueva instancia para quienes mantienen trámites o juicios en curso.
Miles de personas de ascendencia italiana volvieron a mirar con expectativa el proceso para acceder a la nacionalidad.
La Corte Constitucional de Italia resolvió remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo que deberá establecer si la denominada Ley Tajani se ajusta al Derecho de la Unión Europea.
La legislación, vigente desde el 28 de marzo de 2025, modificó el principio de ius sanguinis (derecho de sangre), limitando la transmisión de la nacionalidad a hijos y nietos de italianos nacidos en ese país.
Los cambios dejaron excluidos a bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores, al considerar que habían perdido un vínculo efectivo con Italia.
La medida representa una señal alentadora para quienes mantienen expedientes pendientes.
El planteo surgió a partir de casos tramitados en los Tribunales de Mantova y Campobasso, donde no pudo acreditarse que los interesados hubieran solicitado, antes del 27 de marzo de 2025, un turno en un consulado o en una comuna italiana para iniciar el procedimiento.
La Corte Constitucional no declaró inconstitucional la Ley Tajani. En cambio, suspendió su análisis y solicitó al TJUE que determine si el artículo 3-bis de la Ley Nº 91/1992 es compatible con el derecho europeo, especialmente respecto de quienes nacieron en el extranjero antes de la reforma y adquirían la ciudadanía por ius sanguinis.
Una instancia clave
La determinación reviste especial importancia porque la Corte Constitucional, que meses atrás había rechazado cuestionamientos similares, ahora decidió consultar directamente al máximo Tribunal europeo.
El debate jurídico continúa abierto y mantiene las expectativas de miles de familias de origen italiano cuyos trámites quedaron interrumpidos tras la entrada en vigor de la nueva normativa.
Se recomienda por parte de la mayoría de los expertos en Derecho Internacional, quienes aún no iniciaron acciones judiciales aguardarden el pronunciamiento europeo, salvo que puedan demostrar que intentaron obtener un turno antes del 27 de marzo de 2025, situación que mantiene una estrategia jurídica diferente.
Es cuestionable que se presuma, de forma general, que los descendientes residentes en el exterior carecen de un vínculo real con Italia, al entender que esa condición debería evaluarse caso por caso.
¿Qué puede ocurrir?
El TJUE deberá establecer si la Ley Tajani es compatible con el derecho comunitario y si sus disposiciones pueden afectar a personas nacidas antes de la entrada en vigor de la reforma.
Si el organismo concluye que existen incompatibilidades, esas disposiciones dejarán de aplicarse.
En ese escenario, quienes presentaron documentación o iniciaron acciones antes del 28 de marzo de 2025 conservarían su situación jurídica.
Además, si el Tribunal europeo determina que la reforma no puede afectar derechos adquiridos, numerosos solicitantes podrían volver a gestionar el reconocimiento de la ciudadanía italiana.
No existe un plazo definido para el fallo del TJUE, que podría demorar entre seis meses y más de un año.
Mientras tanto, la suspensión de las causas dependerá de cada Magistrado, aunque el reenvío dispuesto por la Corte Constitucional ofrece un sólido fundamento para paralizar expedientes hasta que exista una definición.
Incluso, algunos abogados analizan solicitar medidas de urgencia para acelerar el proceso.
Como balance, se ha afirmado que la discusión judicial permanece abierta y que la decisión adoptada por la Corte Constitucional marca un nuevo capítulo para miles de personas que esperan una definición sobre su derecho a obtener la ciudadanía italiana.