Justicia
Cerco judicial (Estados Unidos): fiscalía prevé 40 testigos en el juicio contra Sebastián Marset.
La acusación buscará respaldar los cargos por narcoterrorismo y lavado de activos con declaraciones de agentes de la DEA, peritos financieros y antiguos socios que colaborarán con la Justicia estadounidense.
El juicio contra Sebastián Marset en Estados Unidos entra en una fase decisiva, con la Fiscalía Federal ordenando el mapa de pruebas que pretende llevar ante el jurado.
El caso, radicado en Virginia, avanza bajo una acusación de alto impacto contra el uruguayo, señalado por delitos de narcoterrorismo y lavado de activos.
Según informó El Observador, el Ministerio Público solicitó a la Corte la emisión de 40 citaciones obligatorias para personas que serán convocadas a declarar durante el proceso.
La lista incluye agentes de la DEA, peritos financieros y antiguos socios civiles que resolvieron colaborar con la Justicia estadounidense. Sus identidades, por el momento, permanecen bajo reserva.
La estrategia de la acusación apunta a reconstruir vínculos, operaciones y movimientos de dinero que puedan sostener los cargos ante el jurado.
En ese esquema, los testimonios técnicos y las declaraciones de exaliados aparecen como piezas centrales para intentar probar la dimensión financiera y operativa atribuida a Marset.
El uruguayo, en tanto, se declaró no culpable de los cuatro cargos que pesan en su contra. También negó en el pasado haber cometido delitos en territorio estadounidense, una posición que ahora deberá confrontar con la prueba reunida por los fiscales durante la investigación.
El juez Rossie Alston ya fijó el cronograma del proceso.
La defensa tendrá plazo hasta el 14 de agosto para presentar objeciones técnicas, mientras que en septiembre y noviembre se realizarán audiencias destinadas a definir qué pruebas y testimonios podrán incorporarse al debate judicial.
El juicio por jurado comenzará el 11 de enero de 2027, a las 9:00, en la Corte Federal de Alexandria, Virginia.
Será una instancia clave para una causa observada desde varios países, por el alcance regional de las investigaciones que rodearon al nombre de Marset en los últimos años.
Mientras se prepara esa etapa, Marset permanece en prisión preventiva en una cárcel federal de Estados Unidos, incomunicado y sin posibilidad de acceder a libertad bajo fianza.
Si fuera condenado por narcoterrorismo, la legislación estadounidense prevé una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
La disputa que se abrirá en el juicio no solo estará centrada en la gravedad de los cargos, sino en la capacidad de la Fiscalía para sostenerlos con evidencia concreta.
La defensa, por su parte, buscará limitar el alcance de las pruebas y debilitar la lectura acusatoria antes de que el caso llegue al jurado.