Reinserción
Bukele (El Salvador): unos 5.300 colaboradores de pandillas podrían obtener libertad anticipada.
El presidente de El Salvador anunció un plan para otorgar libertad condicional y bajo monitoreo a una parte de los detenidos durante la guerra contra las pandillas. La medida podría alcanzar a cerca del 50% de los presos considerados colaboradores.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su gobierno analiza un plan para otorgar una liberación anticipada y condicional a una parte de las personas encarceladas durante el régimen de excepción aplicado contra las pandillas.
Según explicó el mandatario, la medida podría beneficiar aproximadamente al 50% de los presos considerados colaboradores de organizaciones criminales.
Los beneficiarios continuarían bajo monitoreo y la liberación no implicaría necesariamente una absolución.
Bukele sostuvo que se están evaluando los distintos niveles de participación que tuvieron los detenidos dentro de las estructuras criminales.
El objetivo sería establecer diferencias entre quienes tuvieron una participación directa en delitos graves y aquellos que habrían colaborado de manera menor o bajo presión de las propias pandillas.
El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que permitió realizar decenas de miles de detenciones en el marco de la ofensiva contra las organizaciones criminales.
La política provocó una fuerte caída de los homicidios, pero también generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia.
El propio gobierno salvadoreño ha reconocido que miles de personas detenidas fueron posteriormente liberadas.
Ahora, el nuevo mecanismo apunta a revisar casos de personas que, según las autoridades, tuvieron distintos grados de vinculación con las pandillas.
El presidente no estableció todavía una fecha para comenzar las liberaciones ni detalló el procedimiento definitivo que determinará quiénes podrán acceder al beneficio.
Tampoco quedó definido si todos los casos deberán contar previamente con una resolución judicial.
Este punto podría convertirse en uno de los aspectos centrales de la discusión, debido a que el régimen de excepción ha permitido procesos colectivos y mecanismos judiciales cuestionados por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Bukele defendió la necesidad de mantener la estrategia de seguridad mientras considera que todavía existen estructuras criminales que deben ser controladas.
Al mismo tiempo, planteó que las condiciones actuales del país permiten comenzar a revisar la situación de determinados detenidos.
La eventual liberación de hasta la mitad de los presos vinculados con las pandillas marcaría un giro importante en la política de seguridad salvadoreña, después de más de cuatro años de encarcelamientos masivos y de una estrategia basada principalmente en la detención y el aislamiento de los integrantes de las organizaciones criminales.