AJUSTES NEGOCIADOS
“Queremos que el salario de los más vulnerables crezca por encima de la inflación”.
El gobierno presentó su propuesta para la nueva ronda de Consejos de Salarios con una meta clara: que los trabajadores que menos ganan recuperen poder adquisitivo. A través de aumentos escalonados y diferenciados por franjas de ingresos, la medida busca combinar justicia social con estabilidad económica.
En medio de un clima económico de cautela, el Gobierno Uruguayo puso sobre la mesa un planteo salarial que apuesta a fortalecer a quienes más lo necesitan. La propuesta contempla aumentos escalonados por franjas de ingreso, reconociendo que no todos los trabajadores enfrentan la inflación en igualdad de condiciones.
Para quienes ganan menos de $38.950 -un 30 % del total de trabajadores privados- el Poder Ejecutivo plantea ajustes que superen la inflación, garantizando un crecimiento real del salario.
Este grupo recibiría aumentos nominales de 3,3 % en julio de 2025, 3,6 % en enero de 2026, 2,8 % en julio de 2026 y 3,5 % en enero de 2027. Se trata de una apuesta por recomponer ingresos sin forzar al mercado laboral ni desequilibrar las cuentas.
El segundo nivel salarial, que comprende la mayor parte de los trabajadores (64 %), accedería a aumentos algo menores, pero con una lógica similar de sostenibilidad: 2,5 %, 3,3 %, 1,9 % y 3,2 % en los mismos periodos. Por su parte, los salarios más altos -aquellos que superan los $165.228- sólo tendrían ajustes atados a la inflación, sin aumentos reales.
La medida se presenta como parte de una estrategia más amplia que prioriza la estabilidad macroeconómica sin dejar de lado la equidad. A su vez, contempla la posibilidad de revisiones si la inflación supera lo proyectado, asegurando flexibilidad ante un contexto cambiante.
El salario mínimo nacional, por su parte, será tratado en una instancia aparte en diciembre. Allí, el Gobierno reafirma su “especial sensibilidad” y compromiso para mejorar los ingresos de base, más allá de los convenios sectoriales.
En un país con marcadas desigualdades y una economía que intenta mantener el equilibrio, esta propuesta marca una señal clara: que el crecimiento llegue primero a quienes más lo necesitan. Desde el Gobierno confían en que este esquema progresivo será la base para una negociación que, más allá de las diferencias, apunte a un país más justo.