PREOCUPACIÓN
Crece el endeudamiento: 800 mil uruguayos están en situación de impago
Un estudio de la Universidad de la República y AEBU reveló que el acceso al crédito en Uruguay avanza, pero también las dificultades de pago, afectando a casi un cuarto de la población adulta. La concentración del mercado y las tasas abusivas preocupan a especialistas y legisladores, que reclaman medidas urgentes.
En Uruguay, cerca de dos millones de personas tienen algún tipo de relación con el mercado de crédito. Sin embargo, un informe de la Universidad de la República (Udelar) y la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) advierte que el 24% de los adultos con préstamos enfrenta problemas de pago, y casi la mitad de los usuarios de crédito reconoce preocupación por su nivel de endeudamiento.
El trabajo, presentado en el marco del proyecto “Interés por intereses”, reveló que para diciembre de 2023 unas 2,1 millones de personas tenían deudas con el sistema financiero, y que unas 800.000 estaban en situación de impago. Además, alertó que los sectores más vulnerables son los que pagan tasas más elevadas, en algunos casos superiores al 100% anual.
La investigación también advirtió que buena parte del endeudamiento no responde a inversiones productivas, sino a cubrir gastos básicos o saldar deudas previas, lo que refleja un uso del crédito como estrategia de subsistencia ante ingresos insuficientes. El problema podría ser mayor, ya que el Banco Central del Uruguay (BCU) no registra toda la actividad del crédito informal.
La vicepresidenta del BCU, Ana Claudia de los Heros, subrayó la importancia de incorporar la dimensión humana y de género en el análisis del endeudamiento, señalando que los hogares encabezados por mujeres suelen destinar los créditos a cuidados y necesidades básicas.
En el ámbito político, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra advirtió sobre la alta concentración del mercado, donde el 63% está en manos de empresas administradoras de crédito pertenecientes a bancos, y denunció tasas de hasta 122% en préstamos sin autorización de descuento.
En la presentación, especialistas coincidieron en que el tema debe estar en la discusión del presupuesto quinquenal, para establecer límites y prohibir prácticas abusivas que agravan la morosidad de familias y microemprendimientos.