CONFLICTO
Fratti vs. Asociación Rural: la exportación en pie abre un nuevo frente político y judicial
El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, enfrenta un duro cuestionamiento de la Asociación Rural del Uruguay, que lo acusa de extralimitarse en sus competencias al frenar permisos de exportación. El conflicto escala con amenazas de acciones judiciales y cruces políticos en el Parlamento.
La tensión entre el gobierno de Yamandú Orsi y las gremiales rurales alcanzó un nuevo nivel esta semana, cuando la Asociación Rural del Uruguay (ARU) advirtió que podría iniciar acciones judiciales contra el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, por su decisión de revisar y restringir permisos de exportación de ganado en pie.
El presidente de la ARU, Rafael Ferber, sostuvo que “el único que puede restringir exportaciones es el presidente de la República mediante decreto” y calificó como “una falta de respeto a la industria” el planteo del ministro en el Instituto Nacional de la Carne (INAC). Según Ferber, la sola discusión del tema ya generó un “efecto bajista” en el mercado, afectando decisiones comerciales y precios.
Fratti, sorprendido por la reacción de las gremiales, respondió que la judicialización “queda en ellos” y defendió su gestión: “Me llama la atención de entidades que me conocen hace años y estaban muy contentas de que fuera ministro”. Además, advirtió sobre los riesgos de un modelo basado en la exportación sin valor agregado: “Estamos pretendiendo convertir al país en una cosa que no precise más industria lechera ni frigorífica”.
El conflicto también tiene derivaciones políticas. Mientras la oposición prepara una interpelación por la compra de la estancia María Dolores, el Frente Amplio cerró filas en defensa del ministro y aseguró que respaldará su gestión en el Parlamento.
En paralelo, el sector agropecuario avanza con consultas jurídicas para evaluar si hubo abuso de funciones, aunque Ferber reconoció que aún no existen pruebas concretas de irregularidades.
La disputa ocurre en un contexto en el que la exportación de ganado en pie venía de crecer un 24,5% en un año, generando más de 350 millones de dólares para el país, hasta que el gobierno dispuso su suspensión parcial en julio. El trasfondo revela un choque de visiones: proteger la industria frigorífica nacional o liberar al máximo las alternativas comerciales de los productores.
La puja promete intensificarse en las próximas semanas, con la ARU evaluando llevar el tema a los tribunales y el gobierno decidido a mantener un control más estricto sobre los permisos de exportación.